Edición Edición #1

Castex: Con la Ley como bandera

Por Matias Contreras – Comuna 10

En la madrugada del 23 de Julio una explosión de gas terminó con la vida de una mujer y dejó varios heridos en una torre del Complejo Mariano Castex. Un duro golpe que se suma al alevoso abandono del barrio que ya lleva años por parte del Estado.

En medio del descontento que vive la sociedad por estos días, con aumentos siderales de los servicios públicos que son imposibles de afrontar, cortes de luz y falta de mantenimiento de las empresas concesionarias, los vecinos del barrio Castex amanecieron con la triste noticia de la explosión en un departamento de una de las torres. Hasta ahora, se desconocen los resultados finales de las pericias para determinar las causas, y aunque se presume que se trató de un accidente, resulta inevitable poner el foco en la falta de mantenimiento del GCBA en el barrio que dificultó la tarea de los bomberos. A todo este doloroso panorama, se le agrega la muerte de una vecina y la incertidumbre de las familias sobre cuándo podrán disponer nuevamente de sus hogares, tras haber tenido que abandonar sus casas por el peligro de la explosión.

El conjunto de viviendas que fue construido por la Comisión Municipal de Vivienda a fines de la década del 60, presenta en la actualidad un estado de deterioro como consecuencia de la falta de conservación a lo largo del tiempo, que lamentablemente no es excepcional sino que comparte con el resto de los complejos de vivienda social de la Ciudad. Tal es así, que desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, se creó un programa con la finalidad de recuperar dichos complejos. Ante esta situación, los vecinos del Castex en el 2009 se organizaron e impulsaron un plan de recuperación que quedó plasmado en la ley 3199.

Lo que debería haber sido el principio de solución, lamentablemente se convirtió en un capítulo más de la disputa con el Estado de la Ciudad para que cumpla con sus obligaciones. Desde la sanción de la ley 3199 hasta la actualidad, la ciudad es gobernada por la misma fuerza política que gracias a una estrecha relación con los medios de comunicación lograron llegar al Gobierno Nacional, pero desgraciadamente carecen de habilidad o intención de solucionar los conflictos sociales, y en los hechos no pueden sostener el concepto de República que declaman. No respetan el ejercicio de la ciudadanía, ni las decisiones que los otros dos poderes del Estado les imponen.

En todos estos años, solo en tres oportunidades se le asignó presupuesto a la ley que la Legislatura le encomendó al GCBA: 1 millón en 2011, 9.2 millones en 2013, y 7.5 millones en el corriente año. Nunca fue ejecutado ni un solo peso, y parece ser que los funcionarios utilizan la ley solo como un ítem más que les permite solicitar presupuesto para luego usarlo discrecionalmente. La última reasignación presupuestaria que le quitó los recursos a la ley, se publicó en el Boletín Oficial el lunes siguiente a la explosión en el

barrio, lo que da muestra de un desentendimiento y una falta del sentido de la oportunidad que preocupa.

Ante la deliberada inacción del Estado, en el 2014 un grupo de vecinos decidió presentar un recurso de amparo que obtuvo fallo favorable en 1ra. instancia, condenando al GCBA y al IVC a realizar las obras que establece la ley. A la fecha de hoy, ya cuenta con dos respuestas desfavorables a las apelaciones planteadas por el Gobierno y se espera la resolución definitiva de la Cámara. Todo esto parece no ser suficiente para que el Ejecutivo. De los escritos de la causa se desprende la clara voluntad de incumplir con la ley y de sus argumentos se entiende cual es la estrategia política que se quiere desarrollar para los complejos urbanísticos de la Ciudad.

Aun cuando desde el Instituto de la Vivienda se reconocen los defectos estructurales que sufren los complejos urbanos, razón por la que se crea el Programa para su rehabilitación, la defensa del GCBA y el IVC arguye que la reparación y mantenimiento de las viviendas sociales son responsabilidad de los propietarios, es por eso que su única respuesta es entregar las escrituras de las viviendas y conformar los consorcios para desligarse de su responsabilidad. La contradicción salta a la vista: a la Legislatura le solicita recursos para hacer las obras del Castex en el presupuesto general, al mismo tiempo que a la Justicia le dice que no es su responsabilidad realizar esas obras. En síntesis, la política habitacional en la Ciudad consiste en escriturar viviendas con problemas estructurales para que se hagan cargo los beneficiarios de subsanar los errores de la gestión estatal. Desde el sitio web del IVC llaman a éste proceso «gestión autosustentable y empoderamiento de los vecinos»

En definitiva, en algo los asiste la razón a los funcionarios del IVC: a medida que pasa el tiempo sin cumplir con sus obligaciones, los vecinos del barrio se empoderan y van creciendo en organización para hacer respetar su derecho a vivir dignamente y el cumplimiento de la ley 3199, y desde La Simón Bolívar seguiremos acompañándolos en la construcción del barrio y la Ciudad que nos merecemos.