Edición Edición #1

Recuerdos del Huracán: A 8 años de la crisis del campo

Por Patricio Ávalos – Comuna 7

El 17 de julio se cumplieron ocho años desde que Cristina Fernández de Kirchner ordenó dejar sin efecto la Resolución 125 de retenciones móviles. Horas antes, el ex vicepresidente Julio Cobos ponía a disposición de la historia su destino político con su voto “no positivo”, ante la algarabía de los senadores opositores. Fuera del Palacio, la calle mostraba un mosaico que iba desde la perpleja militancia popular en la Plaza de los dos Congresos hasta la euforia ruralista en el Rosedal de Palermo. La inauguración de la Exposición Rural el pasado 30 de julio, con Mauricio Macri a la cabeza, merece recordar rápida y brevemente como llegamos a la reconciliación con los patrones de estancia.

El año 2008 mostraba una crisis económica a nivel mundial que había catapultado los precios de las materias primas. En términos de la economía nacional esto implicaba una revalorización de los commodities, lo que sugería una potencial bonanza de divisas pero un riesgo en términos de precios internos. Bajo este escenario, el entonces Ministro de Economía, Martín Lousteau anunció el 11 de marzo la sanción de la Resolución 125/08 que establecía retenciones móviles a los principales cultivos (soja, trigo y girasol) adecuando la potestad recaudatoria del Estado a las variaciones de los precios internacionales. Veinticuatro horas después, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, CONINAGRO y las Confederaciones Rurales Argentinas anunciaron un paro de 48 horas a modo de repudio.

La sociedad se dividió entonces en dos posturas: quienes apoyaban la medida y quienes se ponían del lado de las entidades nucleadas en la Mesa de Enlace, que veían un “Estado confiscador”, populista y totalitario que buscaba apropiarse de la ganancia de los sectores del campo para abultar la caja del gobierno central. Bajo argumentos de inconstitucionalidad y falta de diálogo, se llamó al auxilio del Congreso Nacional y se clamaba por el respeto al federalismo.

Del otro lado, el gobierno popular y los sectores afines sostenían que la medida buscaba retener una parte de las ganancias extraordinarias de los agroexportadores para profundizar un modelo que había logrado, entre otras cosas, crecimiento sostenido. Se argumentó que el conflicto tenía epicentro en la histórica apropiación de la renta nacional por parte de los dueños de la tierra, quienes en su afán por concentrar el poder económico para ser rectores de las decisiones políticas del país venían ahora por el Gobierno.

Volvieron al discurso político categorías como “golpismo” y “oligarquía”. Por supuesto que hubo terceras lecturas, pero fueron opacadas por la correlación de fuerzas entre estas dos visiones. Correlación que lentamente se fue torciendo a favor del primer sector debido a diversas variables: por un lado la claudicación de gobernadores aliados a las presiones de sus territorios de influencia; por otro lado, el llamado de entidades como la Iglesia y la UIA (hasta entonces aliado del Gobierno) al diálogo entre las partes, lo que elípticamente implicaba una impugnación a la acción del Estado y la capitulación de sus intenciones.

Finalmente, un factor clave fue la toma de posición de los medios de comunicación, en especial aquellos de carácter hegemónico: La Nación y el Grupo Clarín. Estratégicos como siempre, se encargaron de contrastar al “patotero” D’Elía pegándole a manifestantes y escupiéndole a la prensa su “odio visceral a los blanquitos de Barrio Norte” y con De Angeli, luchando a capa y espada con Gendarmería Nacional para defender al campo, por ejemplo.

La solidaridad sectorial que había generado la 125, errores propios de su aplicación y el destape de los medios como los gestores territoriales más eficientes se devoraron gran parte de la opinión pública, unificaron a la oposición y minaron el esquema de alianzas del Gobierno con una onda expansiva que finalmente alcanzó al vicepresidente, con el final ya conocido y consecuencias notorias: la renuncia de Lousteau meses antes del final para dejar paso a un ignoto Carlos Fernández y el relevo de Alberto Fernández de la Jefatura de Gabinete por un tal Sergio Massa.

Volviendo al presente, el diario del lunes nos muestra que la quita de retenciones anunciada por el gobierno dejó como saldo una millonaria transferencia de ingresos a un sector agropecuario que acusa una caída de puestos de trabajo del 4,7% y hoy presiona por una mayor devaluación. Más allá de las tranqueras, el primer semestre finaliza con 180 mil despidos, recesión económica, tarifazos y una inflación que en menos de un año duplicó los valores del año 2015.

Hoy los grandes productores agrícolas son nuevamente los únicos privilegiados. Pero incluso el análisis más pesimista no debe olvidar las lecciones y aprendizajes que quedaron para el campo popular: la crisis desnudó el conflicto inherente a los intereses sociales, señalando a los verdaderos confiscadores; mostró la cara más cruda de los medios de comunicación y le dio al pueblo las herramientas para confrontarlos; reubicó a los genuflexos en el lugar que les corresponde (por lo general a la derecha) y, por sobre todo, consolidó la identidad política de un sector social que luego de la larga noche neoliberal recuperó la capacidad de movilización, la iniciativa política desde las bases y dio nacimiento a un movimiento popular cuya predominancia de jóvenes hace pensar en una generación de cuadros dirigentes que en un futuro no muy lejano relevarán a aquellas figuras que no estuvieron a la altura de la historia y asumirán la responsabilidad de continuar la tarea de Nestor y Cristina.