Edición Edición #1

México: Docentes en resistencia

Por Martín De Carlonis – Comuna 6

La brutal represión policial del domingo 19 de junio a los maestros y manifestantes que se encontraban bloqueando una carretera en Asunción Nochixtlán, Estado de Oaxaca, arrojó 11 muertos, 22 desaparecidos y 45 heridos de bala. Dicha movilización popular se llevaba a cabo en respaldo a los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que llevan varios meses en lucha contra la reforma educativa.

Dicha enmienda es constitucional y fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Este acuerdo político nacional fue firmado el 2 de diciembre de 2012 por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, al que luego se sumó Partido Verde Ecologista de México.

La misma dictamina modificaciones sobre ciertos aspectos y al mismo tiempo omite referirse a otros o lo hace de manera tangencial. Se considera que los dos puntos más importantes son la evaluación de los docentes mediante el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la profesionalización del mismo, a cargo de la Coordinación del Servicio Profesional Docente. En este sentido, puede afirmarse que la reforma tiene un importante matiz regresivo que lesiona los derechos laborales del docente e ignora aspectos fundamentales del Sistema Educativo.

Las reformas a las leyes de educación, promulgadas en septiembre de 2013 por Peña Nieto, no tienen otro objeto más que presionar a los maestros, sometiéndolos a un sistema de evaluación poco trasparente y en manos de tecnócratas que responden a los dictados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial. Asimismo, estas leyes también abren las puertas al proceso privatizador con figuras como la “autonomía de gestión”.

Si se observa con mayor detenimiento, la reforma esconde una serie intereses muy precisos y cuyos principales impulsores pertenecen a los más altos sectores de poder. Uno de los “orientadores” es la Fundación Mexicanos Primero, creada en 2005 por Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa y hombre denunciado por sus presuntas vinculaciones con el Cartel de Sinaloa. El presidente de dicha fundación es el empresario Claudio González Guajardo, integrante de la lista de los 33 multimillonarios mexicanos, según Forbes. Asimismo, este personaje ha estado relacionado directamente con importantes corporaciones, fundaciones y grupos privados, tanto nacionales como internacionales. A su vez, Guajardo participa diversos negocios relacionados al sistema educativo, espacios que le permiten trasladar recursos públicos a sus emprendimientos personales. Además, su pertenencia al grupo Televisa le sirvió para erosionar la imagen de los maestros de la CNTE mediante documentales y el permanente bombardeo mediático.

Otro importante responsable de la reforma educativa es Ángel Gurría, Secretario General de la mencionada OCDE. En 2009, dicha organización manifestaba en un comunicado: “Las normales rurales (…) con frecuencia son bastiones de grupos radicales, presentan un alto grado de conflictividad y tienen un potencial de movilización muy importante; en su mayor parte, se trata de instituciones anacrónicas, que ya no responden a las necesidades actuales de formación de cuadros magisteriales…”. Una clara “recomendación” para suprimir los colegios normales y satanizar a los maestros y estudiantes que se forman en esas instituciones que datan de la Revolución Mexicana.

El sector educativo se ha transformado en un foco de conflictividad en América Latina. Lo hemos visto en Chile, Colombia y, en estas últimas semanas, en México, en donde los maestros llevan varios años luchando contra las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto. En Argentina se ha comenzado un proceso similar. Macri ya lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires con la creación del Instituto Evaluador y en diciembre del año pasado, a pocos días de asumir, creó, también por DNU, el Instituto de Evaluación Educativa de alcance nacional. A principio de este año, dicho Instituto fue ratificado en por el Consejo Federal de Educación que redactó el “Documento de Purmamarca”. Éste propone mejorar los resultados pero sin aumentar la inversión, lo cual implica aumentar la “productividad” de docentes y estudiantes y cuya intención es responsabilizar a la docencia por los problemas que hoy atraviesa el sistema educativo.

La “reforma educativa” mexicana pretende ser impuesta a sangre y fuego por orden del establishment económico y político. De allí que es comprensible que las últimas matanzas y desapariciones hayan tenido insuficientes consecuencias mediáticas y jurídicas.

Por último, cabe destacar la valentía del pueblo de Oaxaca, ante la amenaza mortal del aparato represor de Peña Nieto, donde sus habitantes han decidido la remoción de la autoridad municipal y se ha propuesto como objetivo elegir un concejo ciudadano. Una experiencia similar surgió en el Municipio de Cherán en Michoacán y en varias comunidades de Chiapas, en la que los ciudadanos se respaldan en una Ley de Autodeterminación. Se trata nada menos de un genuino acto de poder popular y cuyas repercusiones pueden ser enormes.